22 Jul Así serán las nuevas residencias para las Personas Dependientes: habitaciones individuales, más cuidadores y se prohíben las sujeciones.
Así serán las nuevas residencias para las Personas Dependientes: habitaciones individuales, más cuidadores y se prohíben las sujeciones.
El Ministerio de Derechos Sociales y los responsables autonómicos han aprobado, por medio del Consejo Territorial de Servicios Sociales, un nuevo documento de requisitos mínimos para la acreditación y control de calidad de los centros y servicios que atienden a los dependientes, con especial protagonismo del nuevo modelo de residencias de mayores y personas con diversidad funcional, pero también con cambios en la atención domiciliaria, los centros de día y la teleasistencia.
Empezamos con mal pie, pues han conseguido, por escaso margen de votos, que los representantes de nueve comunidades más Melilla (que suman trece millones y medio de habitantes), hayan votado a favor. Mientras que han votado en contra ocho comunidades más Ceuta (que suman una población de casi de treinta y cuatro millones de habitantes).
Las nuevas residencias de personas mayores o con diversidad funcional que quieran concertar sus servicios con la administración serán, a partir de ahora, pequeñas, con habitaciones individuales (casi todas) y con grupos muy reducidos de convivientes que tendrán espacios comunes y cuidadores; la ratio de personal que cuida crecerá hasta el 60%; deberán demostrar que reúnen calidad en lo que hacen, el acceso a la sanidad de sus residentes será igual al de cualquier español, los residentes decidirán cómo quieren vivir y decorar sus estancias, tendrán voz y voto en el funcionamiento del centro y verán cómo se eliminan las sujeciones mecánicas y farmacológicas de sus vidas. Así serán los nuevos centros, y los que ya funcionan dispondrán de un período máximo de siete años (hasta diciembre de 2029) para adaptarse a las principales exigencias del nuevo modelo.
El documento está lleno de nuevas propuestas y mejoras pensadas para los mayores y sus cuidadores. Está muy bien, ojalá se pudiera aplicar, pero tiene en contra a todas las patronales y a los sindicatos. Si lo leemos detenidamente, se ven muchas de las reivindicaciones que los profesionales del sector llevamos pidiendo desde hace años. En Dignitas Vitae, desde su Programa No Sujetes, nos sentimos complacidos al comprobar que se ha tenido en cuenta una exigencia de tanto tiempo: la eliminación de las sujeciones de todo tipo, algo que ha sido bien aceptado por todo el sector; mientras que casi todas las críticas se centran en aspectos económicos. El acuerdo nos deja muchas dudas y abre muchos interrogantes.
Hay propuestas en él que pensamos pueden beneficiar y mucho a los usuarios. Se tiende a un modelo basado en unidades de convivencia, pero lo cierran a un número de plazas que no tiene detrás ningún aval científico. Creemos que ese número de plazas debería ser flexible según la residencia y el tipo de carga de dependencia del residente o usuario.
Es verdad que las residencias pequeñas son más fáciles de manejar y se puede ofrecer más calidad, pero si las vamos a dividir en unidades de convivencia ¿qué nos importa el tamaño total de la residencia? Es lo mismo de antes, no hay ningún aval científico sobre este tema.
La exclusión de residencias construidas en suelo “no urbano” no tiene demasiado sentido. Tenemos ejemplos de residencias, en otros países, en grandes espacios no urbanos, pues forma parte de su modelo de atención, y si el proyecto es bueno ¿por qué no permitirlo?
Las ratios de personal que prevé el acuerdo las vemos mal calculadas por ser poco sostenibles, desde el punto de vista económico, y por la escasez de profesionales con la formación y experiencia necesarias.
Pensamos que al documento le falta un análisis de costes económicos serio y exhaustivo y, sobre todo, le falta “poner los pies en el suelo”. ¿Cómo se va a pagar este nuevo modelo y, sobre todo, quién lo va a pagar? No debemos olvidar que la competencia de servicios sociales es exclusiva de las comunidades autónomas, es decir, que el ministerio solo puede obligar de “forma indirecta” la imposición del documento aprobado.
Ya tenemos antecedentes en la aplicación de la ley de la Dependencia; en su día ya se aprobaron criterios de acreditación y calidad, por parte del ministerio de turno, que muchas comunidades no incluyeron ni aplicaron en sus normativas jamás. ¿Queremos que todo esto quede en papel mojado o en aplicaciones ligeras para lavar la cara? Dicen que igual se destinan unos 4.000 millones de los fondos europeos; puede que se destinen, entre 2023 y 2026, a financiar las reformas y adaptaciones precisas en las residencias antiguas. Benditos fondos europeos, son la solución de todo.
Con la aplicación de los nuevos criterios, nos iríamos a un coste de la plaza residencial alrededor de los 100-120 euros/día. Eso es mucho dinero. Habría que ver cómo hacer asumible ese coste.
Este acuerdo parece ser la respuesta política a todo lo que se ha criticado al sector en estos dos últimos años. Este cambio de modelo parece un “apaño” por lo ocurrido durante la pandemia de coronavirus. El sector no estuvo a la altura y salieron todos los males que llevaba arrastrando desde épocas anteriores. No podemos olvidarnos del desastre organizativo por parte de las administraciones públicas responsables. Gracias a que los profesionales de los centros y las personas usuarias estuvieron a la altura y nos dieron una lección que nunca podremos pagar, el desastre no fue aún mayor.
Las Comunidades Autónomas, no todas, están planteando incrementos de las exigencias y requisitos a los centros; piden a la iniciativa privada que pague salarios más altos y les exigen avanzar en el modelo Atención Centrada en la Persona, en unidades convivenciales. En contraprestación, se congelan las tarifas o, en el mejor de los casos, se hacen incrementos ridículos que, por supuesto, no cubren el gasto real de un buen cuidado. Por todos es sabido que con esos precios no se pueden pedir y dar cuidados de calidad.
Las necesidades de las personas dependientes y sus familias no pueden atenderse desde planteamientos irreales. El sector necesita recursos, los necesitaba antes y los necesita ahora. Hay que conocer de “verdad” el sector, su situación y los costes reales.
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